febrero 28, 2024

CGT interpone una demanda a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social

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El Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT hace un llamamiento a manifestarse el próximo 15 de febrero a las 12h frente al Congreso de los Diputados en Madrid.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciamos la no aplicación del Real Decreto 1698/2011 aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace más de once años. Un hecho gravísimo porque ese decreto protegía la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Desde el día de la aprobación de este Real Decreto (RD), tanto CGT como otras organizaciones políticas y sociales hemos trabajado de manera exhaustiva para conseguir la aplicación de los coeficientes reductores en varios sectores (amianto, hierro colado, transportes de mercancías y pasajeros, petroquímica, sector sanitario, limpiezas…): pero desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se han paralizado la mayoría de los expedientes, llegando incluso a rechazar a trámite algunas de las solicitudes que se presentaron desde CGT, alegando que no se habían presentado junto con la patronal, pese a que no es un requisito del RD; CGT judicializó el rechazo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón, pero eso no desbloqueó la inaplicación del RD.

Por todo ello y para denunciar esta situación injustificable que afecta a la clase trabajadora de nuestro país, la CGT convoca a una concentración el próximo 15 de febrero a las 12h frente al Congreso de los Diputados, para exigir al Ministerio de Trabajo y Economía Social su inmediata aplicación. Además, ante la pasividad del Gobierno, desde CGT hemos iniciado los trámites para interponer una demanda a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Secretaría de Estado de Empleo, por no cumplir con las obligaciones que le impone este Real Decreto fundamental para los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

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